Por más curada de espantos que pueda estar la opinión pública, no deja de alarmar el escarceo sobre las exenciones fiscales que se darían a una empresa extranjera interesada en instalarse en la frontera. No hay pero que valga, ya que bajo ninguna circunstancia el desarrollo de la zona fronteriza puede concebirse sobre la base de la competencia desleal ni en violación de las leyes. Crear empleos y mejorar las condiciones de vida en la franja divisional no puede ser a costa de penalizar otras zonas. Como bien señaló el presidente de la Organización de Empresas Comerciales (ONEC), Pedro Pérez González, lo que se haría no es más que desvestir un santo para vestir a otro, pero con el agravante de atentar contra la seguridad jurídica. Empresas formalmente establecidas, que cumplen con todos los requisitos, no podrían competir en esas condiciones. Las consecuencias serían fatales, pues el remedio es obvio que sería peor que la enfermedad. El movimiento contra los privilegios impositivos debe constituir una lección para las autoridades.
El Nacional
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