Con la generalizada sospecha sobre la liberación de cinco sicarios acusados de la muerte de 12 personas, se imponía tanto recurrir la sentencia emanada de un juez de la provincia Santo Domingo como ordenar una investigación. El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, no tenían más alternativas para apaciguar a una airada opinión pública por el fallo a favor del grupo del que la Policía sindica como cabellecilla a Miguel Alfonseca Soto. Las especulaciones no pueden ser más urticantes, pues se habla desde que corrió dinero a raudales hasta tráfico de influencias para cambiar la medida de coerción, de prisión a libertad condicionada. El juez René del Rosario se ha defendido bajo el alegato de que el Ministerio Público no sustentó el expediente con pruebas contundentes. Como la sentencia tampoco fue apelada de inmediato el procurador Jiménez Peña haría bien, como hizo Subero Isa, en investigar hasta el mínimo detalle al respecto. No es para menos.
El Nacional
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