Justicia

Por más baja que sea la inflación, los 5,117 pesos que recibe el 80% de los empleados públicos son una infamia que no alcanzan ni para el transporte. Pero el problema salarial en el Gobierno es tan complejo, que un aumento general no puede hacerse a la ligera. En primer lugar, hay funcionarios que tienen ingresos astronómicos, y, en segundo, el Gobierno cuenta con una nómina superexcesiva, en la que figuran miles y miles de servidores que no cumplen ninguna función.

Sin hablar, por supuesto, de una caterva de entelequias cuya existencia solo se justifica por el clientelismo político.

Entonces un incremento salarial, aun sea para esos empleados que reciben el mínimo, tiene que pasar por una depuración rigurosa de la nómina pública. El ministro Ramón Ventura Camejo tiene que entenderlo.

Para colmo, la incompetencia, sin hablar de la corrupción, forma parte de los obstáculos que suelen invocar los inversionistas para colocar sus capitales en República Dominicana. Sin embargo, es justo que se mejoren las condiciones del empleado que lo merezca.