Intriga
Intriga el silencio del Gobierno con la aparente retención de los recursos consignados en la Ley de Presupuesto para la Junta Central Electoral (JCE). Ante el papel de víctima que con tono dramático, pero real, asume el tribunal, el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, o cualquier vocero autorizado ha debido explicar cuál ha sido el problema.
Desde los predios de la JCE se percibe represalia por los factores a que condicionó su presidente Roberto Rosario, en unas imprudentes declaraciones, la reforma de la Constitución para consignar la reelección presidencial. Sin determinarse su necesidad, la JCE ha anunciado la cancelación de 300 empleados y de paso sacó a relucir que de un presupuesto de 8,700 millones de pesos que había solicitado para este año apenas se le asignaron 3,150 millones.
Las circunstancias han dado lugar a que la JCE, que ganó el pulso legal al Gobierno al guiarse por sus propias normas financieras, se considere una víctima del oficialismo. Y lo cierto es que a falta de información intrigan las retenciones de recursos.

