Conflicto
La indecisión del Senado sobre la suspensión del barrilito que dispuso la Junta Central Electoral (JCE) plantea un conflicto de competencia. Y genera expectativas. Como los legisladores no acaban de acatar la eliminación del programa a través del cual reciben millonarios fondos para fomentar el clientelismo, la JCE ha recurrido a una suerte de ultimátum. Pero no se sabe lo qué podría hacer para sancionar a los congresistas.
Se asegura que los senadores, como si no fuera con ellos, recibieron la asignación por concepto del barrilito correspondiente a este mes, cuando la decisión de la JCE debió entrar en vigencia.
Por el capítulo hay legisladores que reciben más de un millón de pesos mensuales para supuestas acciones de caridad. Ante la indecisión del Senado, el titular de la JCE, Roberto Rosario, ha tenido que amenazar con adoptar medidas si los senadores no ejecutan la resolución. No adelantó cuáles serían esas medidas, aunque sí pidió a la Cámara de Cuentas que verifique si la decisión ha sido observada. El caso plantea un conflicto interinstitucional.
El Nacional
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