Innecesario
No se trata de ninguna decisión drástica, digna de aplaudirse, el ultimátum dado por el Gobierno a los más de cuatro mil funcionarios que al 31 de este mes no hayan cumplido con la declaración jurada de bienes.

El plazo es más bien una condescendencia de tomarse en cuenta que la ley consigna que los servidores entrantes y salientes deben declarar su patrimonio a más tardar 30 días después de asumir o dejar sus funciones.

Lo sabe el tesorero Alberto Perdomo. El Poder Ejecutivo advirtió que serán sacados de nómina los que no hayan cumplido con el mandato, pero, como observó el colega El Día en su editorial de este miércoles, su facultad no es establecer nuevos plazos o decidir sanciones, sino únicamente cumplir con el mandato de la ley.

Por tanto, el Gobierno se ha mostrado condescendiente con una violación que, rutinaria o como fuere, deja muy mal parada la seguridad jurídica.

Por más tolerante que sea, no es ninguna simpleza, al menos para un inversionista extranjero, que un funcionario viole las leyes a la vista de todos. Puede entender que tampoco él goza de garantía