Los linchamientos constituyen una peligrosa erosión del Estado de derecho, pero se es injusto al atribuir a la Policía todo el peso de la salvaje práctica. La frustración y la desconfianza que motivan los actos de barbarie tienen mucho que ver con el modelo político y las limitaciones con que operan entidades como la Policía. A todos consta que el mayor general José Polanco Gómez ha realizado un gran esfuerzo para preservar el orden público y la seguridad ciudadana, pero sólo hasta donde se lo permiten las circunstancias. No se puede olvidar que en materia de investigación, detención y sometimiento a la justicia de esos maleantes que terminan por ser ajusticiados por turbas, la Policía actúa sólo como auxiliar del Ministerio Público, que es el de la gran responsabilidad a la hora de la verdad. Esa criminalidad y delincuencia de que injustamente se culpa a la Policía es generada por un sistema social que tiene en los componentes político y económico la principal causa. La barbarie de los linchamientos tiene que verse en su justa dimensión, sin cargar sólo para un lado.

