Por más que se acepte que el que él nada tiene que ocultar, nada tiene que temer, el momento para la auditoría de la Cámara de Cuentas a la Junta Central Electoral (JCE) no ha sido el más oportuno. Tiene que prestarse a suspicacias que la revisión de las operaciones administrativas y financieras tenga que efectuarse cuando precisamente el tribunal está inmerso en el proceso electoral. Lo tensas que han sido las relaciones entre las dos entidades aumenta la inquietud en torno al experticio. Quizás no haya conflicto alguno entre una cosa y la otra, pero la verdad es que la Cámara de Cuentas debió elegir otro momento para una auditoría que desde ya ha sido objetada por el magistrado Roberto Rosario. Esa auditoría ha debido efectuarse antes o después del proceso para evitar conflictos. Cualquier roce o imprudencia puede convertirse en un escándalo que afecte la transparencia de los comicios. Las facultades legales o constitucionales de la Cámara de Cuentas no deben ser invocadas como condición para un trabajo que, por inoportuno, se torna suspicaz.
El Nacional
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