La tensión en la Junta Central Electoral (JCE) generada por algunas decisiones motivadas en la supuesta falta de recursos cobra cada días más intensidad.

El destape del magistrado José Angel Aquino, quien ha denunciado como una grave violación de las leyes la licitación de la nueva cédula de identidad y electoral, representa el último episodio de una confrontación que tiene perpepleja a la ciudadanía. Además de violatorias, las condiciones que según Aquino ha planteado la JCE duplicarían en 3,500 y en 500 millones de pesos el costo del documento. Las intervenciones de los magistrados desde que estalló el conflicto presupuestario plantean cada vez más interrogantes. Incluso hasta de tipo político.

Aquino advirtió que el proyecto de cedulación bajo la modalidad de financiamiento violaría las leyes de Crédito Público, de Compras y Contrataciones y la de Presupuesto.

La crisis, por lo visto, va más allá de las diferencias que se han enarbolado entre el presidente de la JCE, Roberto Rosario, y el Poder Ejecutivo. Y quizás todavía no sea todo.