Amplía el abanico de conjeturas que surgió desde un primer momento la prórroga que ha solicitado la Procuraduría General de la República para presentar cargos sobre la horrible matanza del 4 de agosto de 2008 en Paya, Baní.
Es posible que el procurador Radhamés Jiménez Peña tenga razón en cuanto a la complejidad del expediente, pero la decisión contrasta incluso con su afirmación de que la sociedad se iba a estremecer con los nombres de los autores intelectuales que prometió revelar a principios de este año. Ahora son muchos lo que piensan que las autoridades se han encontrado con obstáculos pesados en un caso tipificado de complejo y emblemático. Que no hayan aparecido los 130 kilos de cocaína y los millones de dólares que se dijo motivaron la ejecución de cinco colombianos están entre las principales interrogantes sobre un suceso que alcanzó incluso dimensiones políticas. Por el caso hay 12 personas detenidas y su aclaración constituye un serio desafío para las autoridades. En esta extensión tendrá el Ministerio Público que emplearse a fondo para despejar los cabos sueltos.
El Nacional
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