Puede que al Gobierno no le quede más camino que suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para salvar la estabilidad de la macroeconomía. Que sea favorecido por el gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdez Albizu, y el secretario de Economía, ingeniero Temístocles Montás, puede interpretarse que el convenio es un hecho. Pero antes de darse el paso el Gobierno no sólo procura allanar la vía a través de una una campaña de opinión, sino asegurarse de que no será muy oneroso el precio político que tendría que pagar.
Se trata de un detalle importante, del que las presentes autoridades han sabido cuidarse con esmero. Apelar al Fondo en el momento en que otras naciones lo abandonan es, sin duda, un trago amargo. Es obvio que el convenio, que cuenta con el visto bueno del sector empresarial, implicará algún tipo de sacrificio, que debería ser asumido por el Gobierno antes que cargárselo a los consumidores. Al señalar que el pacto debe ser por 1,000 millones de dólares el secretario de Economía expone la dimensión de la crisis que sortea el país.
El Nacional
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