Contra todo razonamiento bien fundamentado el Poder Ejecutivo incurrió en el desatino de promulgar la ley orgánica del Ministerio Público, que crea la llamada Policía Técnica Judicial. La inutilidad del cuerpo la evidencian casos como el proceso contra implicados en la red que se atribuye al presunto capo boricua José David Figueroa Agosto. Por exclusiones de ese Ministerio Público que tanto ha defendido la Policía Técnica Judicial hay muchos sospechosos fuera del expediente. Pero el presidente Leonel Fernández prestó más atención a voces como la del procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, que a profesionales de la Policía. Además de innecesaria, porque su función la cumple a cabalidad la Policía Nacional, se teme que el cuerpo contemplado en la normativa del Ministerio Público sea utilizado como un brazo al servicio de los intereses políticos de turno. Si aquí muchos escándalos todavía están impunes no ha sido por incompetencia de la Policía que ahora se degrada, sino por la intervención del poder político.
El Nacional
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