PRIMERA FILA

Medio siglo después  de celebrar  elecciones cada cuatro años y comicios  de medio término, aún prevalece la desconfianza entre intervinientes en esos procesos electorales, con  denuncias de fraude o posible comisión de irregularidades antes, durante o posterior al día de la votación. La propia Junta Central Electoral (JCE) ha tenido que adoptar medidas precautorias que en otros países de condiciones similares nunca ha sido necesario aplicar. La JCE prohibió las encuestas a boca de urnas y el uso de cámaras o celulares dentro del recinto de votación,  lo que  podría interpretarse como exceso de celos pero, en ambiente de incredulidad y  sospecha recíproca, vale la pena adoptar. Prevalece la creencia de que la tramposería está incrustada en el tuétano de la sociedad, pero en realidad la población nunca ha pertenecido a esa cooperativa de fraudes. A pesar de que  la gente vota ordenadamente y en los plazos señalados por la ley y de que en los colegios electorales se cuentan los sufragios, cuyos  resultados son  enviados  al Centro de Cómputos de la JCE y a todos los partidos, siempre  existe el riesgo de que  uno o más de los intervinientes denuncien fraude o irregularidad y se cree una crisis o algo por el estilo.