Ha causado extrañeza y estupor, la propuesta de la directora de la Defensoría Pública, Laura Hernández, de eliminar la prisión preventiva, pues la misma no llena su cometido y constituye una condición malvada que destruye la vida de los seres humanos. Un sondeo realizado por este periódico, arrojó que 62% de sus lectores rechazó la sugerencia.

Un país donde no exista una medida de coerción de esa naturaleza, sería invivible y sus habitantes tendrían que dejarle el espacio a la delincuencia.

La funcionaria, al parecer, ignora que existen solamente en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, más de 15 mil prófugos de la justicia, quienes no obtemperan a los requerimientos de los tribunales para presentarse a conocer sus casos. A los imputados declarados en rebeldía, se les varió la medida de coerción de prisión preventiva por una garantía económica e impedimento de salida del país.

Los encartados volvieron a delinquir, dado que no hubo un régimen de consecuencias.
La abolición de la prisión preventiva, implicaría automáticamente la desaparición de la Defensoría Pública, puesto que su rol principal es darle asistencia a los imputados que no tienen abogados.

Si los encartados no tienen medidas de coerción y están libres, y más grave aún, no se presenta ante los jueces para conocer las infracciones cometidas, los defensores públicos se quedarían sin empleo. En la última década, una de las críticas puntuales al sistema de justicia es la facilidad con que criminales logran su libertad.

Entendemos que en el país debe construirse más cárceles, para encerrar a los acusados de hechos punibles, pues la sociedad no soporta más la alta tolerancia en el trato de la delincuencia. Los crímenes y delitos se multiplican, mientras no se implementan mecanismos para enfrentar a quienes desafían la ley, y algunos magistrados del orden judicial son blandengues en la administración de justicia. Muchos abogados litigantes, jueces y doctrinarios del derecho, opinan que la prisión preventiva debe ser imperativa.
La finalidad principal de la prisión preventiva persigue que los imputados no evadan la justicia.