Aunque los procesos de privatización tienen reputación cuanto menos negativa, la realidad es que han servido como quiebra para la cultura de impago crónico que deriva de la creencia de que dichos servicios son una especie de derecho adquirido. La persistente estatización de la electricidad, la recogida de la basura, el agua, entre otros representa de las peores cargas asumidas por el Estado y de las más graves limitaciones de su accionar en áreas más sensibles y razonables como la salud, educación y estímulos al desarrollo de la economía.

Dudo que alguno de nosotros recuerde alguna huelga por el alza de precios en servicios como el teléfono, el telecable o el Internet, o por cortes en esos servicios. El caso particular de las telecomunicaciones es, por mucho, el mejor ejemplo de los resultados positivos de la privatización realizada medianamente correcta.

Las telecomunicaciones en República Dominicana no son baratas y están afectadas por tasas impositivas que bordean lo prohibitivo para algo tan esencial. Sin embargo, la mayor parte de la población accede a ella en la medida de sus posibilidades y paga a sabiendas de que el impago deriva en corte del servicio.

Sin embargo, en los servicios donde el Estado asume cuanto menos el cobro, éste encuentra una barrera, pudiera decirse cultural, frente a la exigencia del pago por parte de la mayoría de sus clientes.

En República Dominicana, una parte significativa de la población entiende que, más que un servicio, están percibiendo los frutos de un derecho que el Estado está en obligación de proveerles. De ahí que se vean huelgas y protestas por el aumento del costo de estos o sus deficiencias, contrario a lo que ocurre con servicios controlados por capital privado.

El proceso de privatización y la posterior liberalización de los servicios de telecomunicaciones rindieron frutos positivos en cuanto a la calidad y la satisfacción del cliente. Los aumentos progresivos en las tarifas de esos servicios no recibieron resistencia de importancia debido a esto.

El quiebre simbólico del monopolio estatal, y la entrada de nuevos competidores, agregaron dinamismo y crecimiento en el sector, y en general resultó en más clientes, mejores cobros y crecimiento económico.

El proceso de capitalización del sector eléctrico en el área de distribución sólo sirvió para trasladar la administración hacia manos privadas. La cultura del monopolio nunca fue quebrada en la distribución, el proteccionismo desmedido contuvo el crecimiento en la generación, se limitó el dinamismo, la calidad no mejoró ante la ausencia de competencia efectiva y por ende la satisfacción de los clientes se mantuvo por el suelo, afectado la credibilidad de todo el proceso.

El sector eléctrico nunca fue efectivamente privatizado, y hoy, como país, estamos deseando que se pudiera pagar con lágrimas de sangre y no con millones de dólares del bolsillo de los contribuyentes.