Si el Gobierno fuera más explícito sobre la traumática reforma tributaria, el presidente Danilo Medina no tuviera que apelar a la comprensión de la ciudadanía. Tal vez la gente pudiera entender la necesidad de más recursos que se invoca para cubrir el pago de la deuda, la burocracia, el subsidio al sector eléctrico y la ley que asigna el 4% a Educación.

Pero como el proyecto a través del cual se procura esencialmente incrementar las recaudaciones está plagado de generalidades, al menos en lo que concierne al sacrificio y las causas mismas de la crisis, es más que natural el rechazo expresado por diferentes sectores. No basta con que se afirme que sin más recursos no se podrán cumplir promesas electorales. Ni tampoco con que no había más alternativas, sin efectuar una demostración con la más absoluta claridad. Los voceros del oficialismo no pueden ser los únicos que entienden, y por ende defienden, una reforma en que desafortunadamente resplandece la etiqueta política.

La falta de claridad se ha trocado en un problema de confianza que desde ya ensombrece las buenas intenciones que se han reconocido a Medina. Se advierte, por de pronto, que antes que reducir la hipertrofiada burocracia, revisar pensiones y jubilaciones abusivas, eliminar las duplicidades y suprimir entelequias, el Gobierno se inclina por más impuestos para mantener los gastos. De haber siquiera tocado los sueldos y privilegios escandalosos, que constituyen una afrenta en un país de tantas necesidades, es posible que muchos entendieran que la reforma era una de las pocas opciones que en realidad tenían las autoridades.

Es irónico que los funcionarios llamados a establecer la ética y castigar la corrupción administrativa son los mismos que estaban y que no se enteraron o no vieron a los que cavaron un hoyo fiscal más profundo que la fosa de Banínter.

Ni siquiera el Congreso, que se autoasigna un presupuesto de alrededor 5,000 millones de pesos, de los cuales una buena suma se destina a supuestas obras de caridad que nada tienen que ver con la función de legislar, ha sido tocado. Con tantos cabos sueltos o preguntas en el aire se torna muy cuesta arriba esa buena disposición que pide el Gobierno. Todo al margen del impacto socioeconómico de la reforma. Porque es bien sabido que más impuestos, para los más necesitados significará más desnutrición, tensión, enfermedades, gastos, sufrimientos y problemas. Las incoherencias han motivado que amplios sectores se opongan a la vía que se ha trillado para enfrentar un desastre en torno al cual, para colmo, todavía prevalece cierto misterio.

El déficit por 187 mil millones de pesos no se generó por una caída de las recaudaciones ni por una catástrofe. La comprensión, entonces, es muy difícil.