El Ministerio Público podrá tener sus razones, pero se presta siempre a suspicacias las sucesivas prórrogas que solicita para terminar de estructurar ruidosos expedientes.

Se piensa, como ahora en el caso Calamar, que se ha actuado con negligencia, máxime después de ventilar los casos a través de los medios de comunicación.

Para completar el expediente del caso que tiene como principales imputados a los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, el Ministerio Público ha solicitado una prórroga de cuatro meses.

Se fundamenta en que en entes estatales no entregaron a tiempo o completos los materiales que se les solicitaron.

Se infiere que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no habilitó un equipo para dar seguimiento a las solicitudes, sino que se sentó a esperar que le facilitaran las informaciones.

Cierto es que las prórrogas son parte de los procesos, pero la frecuencia con que se solicitan en los grandes escándalos cuestionan la eficiencia del Ministerio Público. Es una realidad en torno a la cual se tiene que reflexionar para no desacreditar los procesos.