Existe el criterio equivocado de que la frontera sólo debe ser resguardada por los militares de puestos allí. Y no es así. La titularidad de la tierra en la franja fronteriza no está protegida que manda y ordena el artículo 10 de la Constitución de la República, que traza las pautas para lograr ese propósito.

En efecto, el texto constitucional hace una reserva de ley a fin de que se articule una disposición legal que regule la tenencia y titularidad de la tierra en la zona fronteriza, privilegiando el interés de los dominicanos para preservar la soberanía nacional, como ocurre en la mayoría de los países, los cuales son celosos con los límites que marcan su territorio.

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, quien también es magistrado del Tribunal Constitucional, ha venido insistiendo por la aprobación de una ley adjetiva como lo ordena la Carta Magna, para evitar que extranjeros adquieran grandes porciones de tierra, lo que podría originar una confusión en la línea divisoria con Haití y traer consigo consecuencias que pueden evitarse, estableciendo una legislación clara y precisa que regule la adquisición de inmuebles en la frontera.

Los valores patrios deben ser temas de enseñanza obligatorias, tal y cómo está previsto en la Carta Sustantiva, numeral 13 del artículo 63, cuyo texto es el siguiente: ”con la finalidad de formar ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones públicas y privadas, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías constitucionales y de los principios de convivencia pacífica “.

A pesar de que creemos firmemente, que la frontera dominico-haitiana quedaría sellada con la construcción de una gran muralla,un muro a la inmigración ilegal de los vecinos que ocupan la parte occidental de la isla.

La República Dominicana cuenta con herramientas legales, consagradas en la Ley de Leyes para realizar numerosos proyectos en la zona limítrofe con Haití, a fin preservar la dominicanidad, pues estamos siendo víctimas de una transculturación.

Si el Gobierno central se dedicara a cumplir parte de lo que ordena el artículo 10 de la Constitución, estaríamos preservando nuestras tradiciones y los valores patrios. Un fragmento del texto: “declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo de la zona fronteriza y los poderes públicos elaborarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública para asegurar estos objetivos “.