Por ambiciosa no deja de ser loable la aspiración del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, de que en los próximos dos años el país se convierta en la capital del derecho y la justicia en la región.

Se trata, de entrada, de un compromiso para eliminar los variados y hasta pesados obstáculos que entorpecen un sistema de justicia más ágil y eficiente, apegado estrictamente al mandato de la Constitución y las leyes.

Es de sobra sabido que sin un sistema judicial, independiente y competente la democracia como régimen político no cumple a cabalidad con su cometido.

Con la recuperación de la confianza en la economía, que se ha traducido en un incremento significativo de las inversiones nacionales y extranjeras, el país precisa de una justicia que garantice real y efectivamente el estado de derecho.

Resulta más que alentador que el Poder Judicial trabaje para enrumbarse por ese sendero, al margen de los logros que se hayan alcanzado en la mejoría del sistema.

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Sería uno de los logros más importantes para el desarrollo que en los próximos dos años la nación pueda convertirse, como aspira Molina, en un referente para el sistema judicial en la región.

Significa que los jueces y los tribunales jugarán el papel que les corresponde en una administración de justicia sana, independiente y con apego a las bases del derecho. Es una dirección a la que debe adherirse la sociedad en su conjunto.