Estados Unidos, que suele actuar como tribunal externo con sus sanciones a políticos y empresarios relacionados con casos de corrupción, ha excluido al dominicano Ángel Rondón de su lista de condenados.

Si bien se trata de una reparación, la realidad es que Rondón no debió integrar esa lista al menos por los sobornos del caso Odebrecht.

A Rondón no solo se le condenó sin probársele que había sobornado a legisladores y funcionarios para la aprobación de obras a Odebrecht, sino que se le intervinieron activos adquiridos mucho antes de destaparse el escándalo.

El colmo de esa condena que persiste como mancha para el sistema judicial, es que se le condenó por sobornador sin que se identificara a los sobornados.

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Washington ha actuado con justicia al remover al empresario de la lista de organizaciones y personas con restricciones para hacer negocios en Estados Unidos. Ahora correspondería a la justicia dominicana revisar la condena tanto a Rondón como al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, por los sobornos de Odebrecht.

A Díaz Rúa se le condenó por enriquecimiento ilícito de unos sobornos que no se demostraron, a pesar de que la firma brasileña reconoció que había erogado 92 millones de dólares para la adjudicación de obras. Con Rondón y Díaz Rúa se ha cometido un adefesio jurídico que la propia justicia debería reparar.