José Antonio Torres
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Una revisión a grandes rasgos de la forma en que está estructurado y opera el sistema de las administradoras de pensiones en algunas naciones latinoamericanas, permite advertir que al parecer en el país no se tiene la suficiente conciencia sobre la importancia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el beneficio que proveen a sus afiliados.
Es probable que si algunos legisladores tuvieran conocimientos acabados sobre el tema y sensibilidad social pudieran advertir las implicaciones negativas que podría generar para el sistema la reducción en un 50% el porcentaje asignados a las administradoras de los recursos.
Es de esperar que cuando el proyecto pase al Senado, los congresistas se comporten con mayor amplitud y equilibrio, como se espera de una labor legislativa ejercida pensando en el interés general y la manera proteger a los sectores más necesitados.
Es obvio que en este proceso no se han dado cuenta que la estrangulación financiera a que serían sometidas las AFP tendrá una repercusión perjudicial para sus afiliados, en su mayoría trabajadores que no tienen salario digno y, que por lo menos deben tener derecho a una pensión en la vejez o una asistencia en caso de invalidez.
No hay que ser un experto en la materia para prever que el drástico desmonte limitará en cobertura y otros beneficios a los afiliados que en lugar de disminuciones deben recibir mayor seguridad e indexar periódicamente sus reducidos ingresos, acorde con el costo de la vida.
La experiencia en otras naciones, como Argentina nos enseña que atentar contra las AFP a la larga lleva a la estatización de las jubilaciones privadas, con profundas repercusiones.
Los senadores, de cuyas buenas intenciones no dudamos, deberían documentarse mejor antes de seguir adelante con un proceso que podría llevar al colapso a las AFP.
Los legisladores están todavía a tiempo de ponderar todas estas observaciones y evitar una reforma a todas luces contraproducente. Ojalá que el buen sentido se imponga finalmente.
