La sentencia de un tribunal del Distrito Nacional sobre la acción de amparo presentada por Nuria Piera contra Euclides Gutiérrez Féliz es un referente de alcance para todos en la preservación de derechos fundamentales, vulnerados en un intimidatorio acto de alguacil notificado a terceras partes.

La juez Maritza Capellán Araújo, de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenó al funcionario y político el cese de toda amenaza contra anunciantes del programa de televisión de Piera, en una sentencia que será memorable.

El fallo a favor de la comunicadora, quien invocó en su acción de amparo que el superintendente de Seguros y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación (PLD) lesionaba sus derechos protegidos por la Carta Magna, garantiza el ejercicio pleno de libertades con rango constitucional.

Capellán dio ganancia de causa a Piera y extendió el dictamen contra Gutiérrez Feliz para que actuaciones similares a las que motivó el amparo no sean realizadas por otros, como el caso Héctor Rodríguez Pimentel versus Alicia Ortega y anunciantes.

Satisface que la sentencia ordene al procesado abstenerse de realizar actuaciones de la misma naturaleza contra anunciantes de cualquier periodista, programa o medio de comunicación, con la finalidad de preservar la libertad de expresión y de información consagradas en la Constitución.

Los clientes de un espacio de televisión o radio, o de medio impreso, como señala el fallo, no son responsables en sus calidades de patrocinadores, de presuntas violaciones a la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento en que incurra un periodista.

La inclusión de un astreinte, como penalidad económica para forzar al cumplimiento inmediato de la sentencia, es la aplicación de la fuerza coercitiva legal contra un procesado que trató de restar méritos a la acción al declarar que retiraba el acto que motivó el amparo.

El fallo marca un precedente para evitar abusos y extralimitaciones que devienen en perjuicio de derechos constitucionalmente protegidos como el de expresión e información, además de la libre empresa.