La anunciada solución por el Ministerio Público y la Policía de múltiples asesinatos de extranjeros las últimas semanas en Santiago junto a acciones conclusivas del encuentro cívico por la seguridad encabezado por el presidente de la República revelan la relación íntima entre cumplimiento del deber frente a criminalidad y voluntad política estatal para superarla.

A sólo nueve días del presidente Leonel Fernández instruir públicamente los organismos represores del crimen para esforzarse en devolver la tranquilidad a los santiagueros y esclarecer la matanza de cuatro suramericanos en Cerros de Gurabo y un español en la víspera, las autoridades competentes concluyen investigaciones y presentan un grupo de imputados.

Sucesos tipificados como actividades del bajo mundo del narcotráfico y sicariato que implicaron muertes violentas de un dominicano en julio y un español, tres colombianos y un venezolano un mes después, para totalizar seis asesinatos, fueron investigados y concluidos con el sometimiento de presuntos autores en cuestión de días, luego de la palabra presidencial.

La fiscal santiaguera Yeni Berenice Reynoso reveló la utilización de métodos investigativos basados en recursos tecnológicos de comunicación, interceptación de llamadas, vigilancia física y pruebas testimoniales, en un concierto de acciones de agencias de inteligencia, policía y Ministerio Público.

Hubo voluntad y disposición de colaboración recíproca para lograr conclusiones sobre estos hechos, e instrucciones desde el más alto nivel en la cúspide policial, de la agencia antidrogas y del propio Ministerio Público, para obtener resultados creíbles y válidos en procura de condena en la jurisdicción de juicio.

Las autoridades tienen recursos humanos capaces de enfrentar con éxito la delincuencia y sus nuevos tipos de factura externa, como el sicariato, y también poseen tecnologías y herramientas modernas para levantar datos claves en el esclarecimiento de sucesos como este múltiple asesinato.

Queda demostrado que el elemento catalizador de todo es la voluntad, compromiso desde la cúspide del poder político para enfrentar con firmeza y eficiencia la ola delictiva, no importa contra quien se proceda dentro de los propios entes que enfrentan la criminalidad, en el resto del gobierno o en esferas de poder.