La función básica de la Policía es mantener el orden público y la seguridad ciudadana mediante el uso de la coerción para hacer cumplir la ley y la aplicación de acciones preventivas contra la delincuencia para asegurar la convivencia pacífica de la comunidad.
Lo anterior parece un bello enunciado teórico que debe ser llevado a la práctica por un cuerpo civil armado integrado por miles de ciudadanos investidos con la autoridad que les confiere la ley y con un largo etcétera de fallas y vicios que arrastra desde tiempos inmemoriales. Pese al avance de delincuencia y crimen en el país, debido, entre otros males, al incremento poblacional, la inequidad y la importación de modelos, la Policía evidencia falta de respuesta condigna al auge delictivo.
Los delincuentes tienen mejores equipos que las autoridades, el tipo de ilícito se ha sofisticado con estructuras mafiosas foráneas, el crimen se ha organizado y hasta penetrado a los cuerpos armados.
La ciudadanía se siente desprotegida, temerosa y está consciente de la debilidad policial para contrarrestar la delincuencia y por eso quienes pueden se agencian su seguridad particular y otros limitan actividades que impliquen riesgo.
La ineficiencia policial es tema de nunca acabar, porque se han diagnosticado males, pero ha faltado la voluntad político gubernamental para dar el salto cualitativo y ético.
La revelación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que necesita elevar a 14 mil los agentes en patrullaje preventivo y que 12 mil hacen labores ajenas a su función, con funcionarios y personalidades, es una admisión grave de quienes conocen el mal y no lo erradican.
Además, para superar las llagas de la Policía hay que dignificar sus miembros, capacitarlos, hacerlos conscientes de sus responsabilidades y retribuirlos bien para que no sean vulnerables al soborno.
Hace falta garantizar la seguridad familiar, educativa y de salud de los policías y luego dotarlos de equipos para combatir la delincuencia, todo esto con alta dosis de voluntad política desde el poder.

