A propósito del 167 cumpleaños de la firma de la primera Constitución de la República y de la actualidad del tema con motivo de las sesiones públicas del Consejo Nacional de la Magistratura, la ocasión es propicia para valorar este momento histórico.

El sentido filosófico y razón primigenia de una constitución es sentar bases para ordenar jurídicamente al Estado, regular relaciones con sus ciudadanos y consagrar un bloque de derechos fundamentales que también garanticen las propias autoridades, obligadas a tutelarlos y protegerlos, para que preservar el estado de derecho.

Las ideas de los enciclopedistas, el ímpetu de las revoluciones norteamericana, primero, y francesa, después, contribuyeron el surgimiento de un nuevo sistema jurídico y político que evitara abusos de autoridad y reconociera al pueblo como el soberano.

Así devino la separación, equilibrio y sistema de pesos y contrapesos de los poderes públicos, en verdad funciones del Estado, conforme lo planteara Montesquieu y las ideas del pacto entre gobernantes y gobernados como postuló Rosseau en su célebre acuerdo de voluntades o contrato social.

Surgió el sistema republicano, de alcance casi universal hoy, que ahora es adecuado a nuevos tiempos políticos, a la modernidad, espíritu mercantil y predominio de clientelas persecutoras de beneficios particulares en desmedro del interés colectivo presente en el pacto social constitucional.

Cada vez es más necesario el respeto a la ley como piedra angular del sistema democrático que lleva implícito el derecho fundamental a la igualdad, la dignidad, la libertad y la seguridad, corolario de prerrogativas ciudadanas cuya defensa la Constitución pone en manos del Estado y sus representantes.

El aniversario de la Constitución de San Cristóbal, acta de nacimiento del Estado dominicano, debe servir de reflexión y estímulo de nueva actitud gubernamental que se traduzca sencillamente en respetar los postulados constitucionales y hacer cumplir la ley a todos sin distingos. No más.