“Ilegalidad no genera derechos”

La controversial sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad ha provocado guerra de argumentos favorables y adversos, dentro ellos destaca el principio “la ilegalidad no genera derechos”, aplicado a personas nacidas en territorio dominicano, cuyos padres están en ilegalidad. No hay dudas que ese axioma tiene vigencia, pero no para el caso de la acción de amparo sometida al TC por Juliana Deguis Pierre, nacida en 1984 en territorio nacional de padres haitianos, trabajadores migratorios que “se quedaron” en el país ilegalmente, que aún viven aquí, en un largo “tránsito”.

Es tiempo de refutar la manipulación del principio citado, no obstante admitir como señala en sus argumentos la recurrida en revisión, Junta Central Electoral, que defiende que “los hechos ilícitos no pueden producir efectos jurídicos válidos a favor del promotor ni del beneficiario de la violación”. (Pág, 9, literal m).

Con el recurso judicial no se pretende otorgar algún derecho ni calidad a los progenitores de la accionante, el derecho fundamental vulnerado o amenazado por la acción u omisión de la autoridad pública (JCE) es su identidad, el “reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio”, según artículo constitucional 55.7.

La accionante, desde el momento de venir al mundo, adquirió derechos fundamentales, humanos, atribuibles a todo ser por el solo hecho de nacer, por convenciones internacionales ratificadas por el estado que son, en consecuencia, derecho positivo, y por la Constitución.

Como expresara en su voto disidente la magistrado Kathia Miguelina Jiménez, el caso no debió tratarse como reconocimiento de nacionalidad, sino violación de derechos fundamentales por JCE al negarse a emitir un documento que al no poseerlo la accionante, es convertida en “muerta civil”, desnacionalizada y apátrida.

El derecho reclamado no es para los padres, se admite que la ilegalidad no se hereda y que, ¡válgame Dios!, el nacimiento no puede ser una ilegalidad, de manera que es absurdo justificar este caso en que “la ilegalidad no genera derechos”.

por: Carlos Manuel Estrella

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