El Tribunal Constitucional (TC), según la reformada Carta Magna que cumplirá pronto un año de vigencia, es un órgano extra poderes del Estado con la única función de garantizar y defender la supremacía de la Constitución y proteger derechos fundamentales.

De acuerdo con su artículo 184, no hay que ser jurista para colegir que la ley orgánica del TC, en debate, debe ser elaborada conforme a ese mandato.

Al proclamar la actual Ley de Leyes, los asambleístas crearon un órgano de control concentrado de la constitucionalidad ubicado fuera de los poderes existentes, además de mantener el control difuso en cualquier tribunal ordinario, que no es novedad, sin variar procedimiento.

El cambio fundamental es que hasta el 26 de enero de 2010 la Corte Suprema de Justicia retenía la facultad de determinar la constitucionalidad de una norma como tribunal de garantías por apoderamiento directo, que le fue quitado al crearse el Tribunal Constitucional.

Tanto los actos del Ejecutivo como del Legislativo están sometidos a la supremacía de la Constitución, pero antes de la reforma el Judicial se ubicaba por encima de ellos y sin control jurisdiccional, ahora con el TC, los poderes públicos, como indica el artículo 184, están vinculados a las decisiones definitivas e irrevocables del nuevo tribunal.

Si alguien aún duda de su facultad para revisar casos finalizados en la Suprema, la parte in fine del artículo 277 lo precisa y lo ata al procedimiento que determine la ley orgánica que es centro de controversia.

Esa legislación adjetiva, de ser aprobada con las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, nacería con el pecado original y sería inválida en los aspectos contrarios a la Constitución, como proclama la Ley de Leyes en su artículo 6, que establece es norma suprema y fundamental del ordenamiento jurídico del Estado.

Los argumentos contrarios demuestran lucha de poderes coyunturales e intereses particulares negadores de progresos institucionales.