La muerte de Sonia Pierre, activista en defensa de los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana, coloca de nuevo en debate la definición de la nacionalidad en la Constitución dominicana.

En la prensa se advierte de inmediato el choque de posiciones y el tratamiento del deceso, ocurrido por infarto cardíaco, las reacciones internas y externas, así como la calificación de la occisa en cuanto a su nacionalidad, con una supina ignorancia legal y evidente prejuicio y manipulación.

Conviene precisar y reiterar los criterios jurídicos que prevalecen en este caso, centrarse en los postulados de la Carta Magna, al margen de otras consideraciones de la nacionalidad y migración haitiana, sin incurrir en fundamentalismos nacionalistas y xenófobos.

Solange o Sonia Pierre nació en 1963 en el batey Lechería, de Villa Altagracia, República Dominicana, de madre y padre haitianos que llegaron, como otros miles, a trabajar en ingenios azucareros, se quedaron en el país ilegalmente y procrearon familia.

Nació al amparo de la Constitución de 1963, en cuyo artículo 89.1, cuyo texto se mantuvo intacto sin adiciones hasta la reforma de 2010, se consagra la nacionalidad por el territorio, o ius soli, con dos excepciones para extranjeros.

Esas exclusiones para atribuir la nacionalidad por el lugar de nacimiento a hijos de extranjeros eran la referida, uno, a los descendientes de los representantes diplomáticos, y dos, a los que estén de tránsito, situaciones que ninguna era aplicable a los padres haitianos de Pierre, residentes ilegales.

Es el caso del extinto líder del Partido Revolucionario (PRD) José Francisco Peña Gómez, nacido en loma de El Flaco, Hato Nuevo de Mao, provincia Valverde, en 1937, de padres haitianos, origen que nunca negó, a quien por más esfuerzo en negarle la nacionalidad, fue dominicano dentro y fuera del país.

Sonia Pierre nació, creció y murió como dominicana. Nunca vivió fuera del territorio nacional ni negó su origen y se erigió en defensora de dominicanos en su misma condición, que le mereció reconocimientos internacionales y ganancia de causa en tribunales de derechos humanos.

¡Pura legalidad!