Las reformas en el sistema jurídico nacional que alcanzan su clímax con la nueva Constitución deberán superar su prueba de fuego cuando de la belleza y profundidad formal de los planteamientos teóricos e idealistas se pase a su materialización tangible mediante los usos y costumbres.

A propósito de la actual campaña proselitista, con las novedades del período ampliado por excepción y disposiciones de la recién estrenada Carta Magna, la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos deben cumplir importantes roles para la real vigencia del estado de derecho.

El organismo electoral merece felicitaciones por adelantado, si bien no ha concluido su labor de cara a la cita con las urnas del próximo 16 de mayo, por el celo con que ha manejado hasta ahora la organización de las elecciones y su apego a los dictados de la ley con respecto a candidaturas y partidos.

La labor de fiscalización, por parte de la JCE , de los procesos internos para la selección de candidatos en los distintos partidos, sobre todo en los mayoritarios, ha puesto en entredicho la vigencia de principios democráticos en las propias organizaciones políticas que deberían ser modelo de ellos.

La lluvia de impugnaciones y recursos elevados por ante el tribunal electoral por aspirantes a puestos electivos que se sienten afectados por violaciones legales que atañen a la democracia interna en los partidos, deja al descubierto prácticas caudillistas y comportamientos antidemocráticos.

El incumplimiento de requisitos mínimos para la inscripción válida de candidaturas, en la parte formal, revela ignorancia extrema de las direcciones partidistas de la Constitución y del contenido de la ley electoral votada por legisladores de las mismas organizaciones, que ahora pretenden violarla.

Las decisiones de la JCE a favor de aspirantes que fueron despojados o desplazados de nominaciones que ganaron en buena lid indican que los partidos que se proclaman democráticos son, en esencia, todo lo contrario porque sus prácticas internas son personalistas y alejadas de institucionalidad.

Estas ilegalidades y actuales comportamientos reprochables abonan la necesidad de sancionar una verdadera ley de partidos que garantice principios democráticos internos y, además, regule cuestiones trascendentes como el manejo de recursos públicos y el financiamiento de las campañas electorales.