La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, doctora Milagros Ortiz Bosch, reveló que al menos cinco legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) estarían envueltos en investigaciones referidas a varios delitos, al asegurar también que a ninguno se le dispensó trato diferente o se archivó su expediente.

Alivia saber que esa dependencia oficial a cargo de velar por la adecuada conducta y probidad de los funcionarios públicos «no pierda ni pie ni pisá» sobre aquellos servidores contra los que se levantan sospechas o evidencia en la comisión de infracciones delictuosas, criminales o morales.

Aun así, hace falta desbrozar burocracia para que en los casos comprobados de peculado o violación de cualquier articulado del Código Penal o de leyes administrativas, los funcionarios involucrados sean traducidos a la justicia o separados de sus cargos.

Lo dicho por la doctora Ortiz Bosch, de que al menos cinco legisladores estarían en conflicto con la ley debería motivar legítima preocupación ciudadana, más aun cuando un legislador ha sido mencionado en el expediente Calamar en asuntos relacionados con cobros ilegales o extorsión en perjuicio de bancas de lotería.

El presidente Luis Abinader ha dispuesto la cancelación de funcionarios inculpados por el Ministerio Público en cohecho o encartados en denuncias públicas sobre tráfico de influencia, pero no se exagera si se afirma que la población aspira a mayores niveles de sanción y de prevención contra la corrupción.

Tiene razón la directora de Ética e Integridad Gubernamental al señalar que esa dependencia no pertenece al Orden Judicial, pero debe consignarse que su labor de detectar o prevenir en la administración pública acciones antijurídicas o contrarias al ordenamiento administrativo, reviste excepcional importancia.

Se resalta el caso de un funcionario con rango de director general mencionado en el expediente Calamar, el cual era objeto de investigación en esa dependencia por otro ilícito al menos de naturaleza ética, lo que indica que el Gobierno debe tener ojo avizor con sus propios funcionarios.

De lo dicho y hecho por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental se colige que en ese ámbito se tiene el compromiso de identificar, investigar y someter a la justicia a cualquier funcionario, sin importar su investidura, que conforme a las evidencias recolectadas haya incurrido en prevaricación o faltado a la ética. Que así sea.