En la entrega anterior de esta columna analizamos el error cometido por un grupo de eminentes y respetables intelectuales al considerar que en nuestro país existe o se está instaurando una dictadura constitucional. Ese trabajo generó una lluvia de comentarios a nuestro correo electrónico. Hicieron bien los que se manifestaron en apoyo de los criterios del artículo y también los que refutaron sus aseveraciones. Pero se impone volver sobre el tema y precisar otros aspectos.

La esencia de la cuestión reside en que los firmantes del documento pretendieron hacer una crítica a la situación política y jurídica. Sin embargo, expresaron una idea que no se corresponde con la que deseaban transmitir. Pretendieron denunciar como malo lo que calificaron, sin proponérselo, como legítimo jurídicamente. Pienso que el o los redactores originarios cometieron el error y los demás se sumaron acríticamente o por simple adhesión ante el texto frente a otros suscriptores.

Si se afirma que en el país existe una dictadura constitucional es porque la Ley Sustantiva la consagra. Y si fuera así, entonces habría que respetarla. Estaría dentro del orden normativo nacional. En todo caso, los que se opusieran a esa realidad, tendrían la oportunidad y el derecho de impulsar las condiciones que produzcan la reforma a la Carta Magna y el cambio de la forma de gobierno. Pero mientras esté en ella ese régimen, el supuesto dictador estaría legitimado. La naturaleza o consecuencias de sus actuaciones reforzarían esa legitimidad o la corromperían.

Recordemos que el gobierno constitucional que tenemos es civil, republicano, democrático y representativo, conforme al artículo 4 del Pacto Fundamental. Esa forma de administración de la cosa pública es legítima porque es la que adoptó la nación. Hasta es una cláusula pétrea o dura. No se puede variar sin que intervenga una Asamblea Constituyente, refundadora del Estado dominicano.

Además, la equivocación no es de simple semántica, que siempre es muy importante. Es de orden jurídico-político y conceptual. Tiene mucha trascendencia. Sobre todo porque el error en el concepto genera inevitablemente una praxis errada. En política el error puede ser más grave que el crimen cometido contra una persona. Puede afectar a toda la colectividad en proporciones impredecibles.

El presidente Leonel Fernández declaró en una ocasión que había una tiranía de la mayoría. Ahí no hay error. No legitimó ni dio visos legales a esa tiranía. Pero la dictadura constitucional implica que la nación le otorgó mandato, poder y derecho al jefe del Estado para que gobierne sin trabas o formalismos legales. Si le quitan lo constitucional a la dictadura, entonces es aborrecible y condenable. Ahí está la esencia del error cometido.