Normas y arbitrariedad

ormadas como la nuestra no se respeta el ordenamiento constitucional y legal. Cada uno hace lo que cree le conviene en cada circunstancia, sin medir las consecuencias de sus actuaciones. Y así actúan el ciudadano de a pie y el funcionario público. No tienen respeto por el sistema en que viven, pero tampoco se organizan para transformarlo como debe ser. No atacan ni buscan mejorar conscientemente las bases económicas, sociales, políticas y jurídicas del sistema.

La falta de educación ciudadana y de formación política es la que determina ese despreciable comportamiento. La sociedad en que vivimos ha fallado hasta en preparar a sus miembros para que la fortalezcan y reproduzcan sus valores.

Por eso el pueblo, con su inmensa sabiduría, afirma que aquí se vive como chivo sin ley. Hasta los extranjeros aprenden esa verdad a partir del segundo día de su permanencia en nuestro país. Y aunque se hayan desarrollado en sociedades en que se respetan las reglas de juego que impone el sistema, comienzan muy temprano a liberalizarse hacia las inconductas. Aplican con cinismo o con aire satírico la máxima que establece: Donde vayas, haz lo que vieres.

Muy pocos ciudadanos, autoridades y extranjeros se detienen a pensar en el gran daño que causan con sus actuaciones al margen del sistema jurídico.

Parece que vivimos en un estadio de desarrollo social anterior a lo que se denomina sociedad civilizada.

Cada uno hace lo que quiere porque tiene la necesidad de hacerlo. El otro, que se defienda como pueda, si puede. Y el más fuerte se impone con su poder y con sus mañas.

El ordenamiento constitucional y legal lo tenemos como adorno para que nos crean modernos y civilizados. Y cuando ese orden se aplica, se hace de manera muy selectiva y acomodando sus efectos, conforme a los sujetos involucrados.

Vemos a diario que se selecciona culpables favoritos. No se busca aplicar las sanciones a los violadores de las leyes cuando son representantes de los sectores dominantes. Pero como hay que guardar las apariencias, en casos extremos, se toman uno o dos individuos como chivos expiatorios. Y siempre serán los que estén en desgracia con otros sectores predominantes en el momento en que se decide guardar las formas. Buscan engatusar a los ilusos, presentándoles como que funciona lo que en realidad es fraude del sistema.

Además, se comprobará fácilmente que los sancionados de esos sectores gozarán de condiciones privilegiadas durante el tiempo que tengan que esperar para enfriarse.

Por el contrario, si son simples hijos del pueblo, esos mismos, los que cometieron el tremendo crimen de nacer pobres, y que portan rostros ilegales, entonces cae sobre ellos el rigor del sistema. La justicia se hace injusta por la excesiva severidad de la condena y el trato. La sanción supera con creces la falta cometida. Parece que el sistema trata de purgar sus culpas con ellos. Igual que el resentido que, cobarde e incapaz de ajustar cuentas con el responsable de su desgracia, se ensaña con quien no tuvo nada que ver con sus frustraciones.

Son verdades de tomo y lomo. Todos las conocemos pero pocos se atreven a denunciarlas y menos a criticarlas. Es más fácil y cómodo contemporizar con lo que no debe ser que combatirlo. Son demasiados los que no quieren cumplir su rol de ciudadanos, ni aceptar las responsabilidades que esto genera. Sin embargo, viven quejándose de los males que se pueden evitar y hasta de los que tienen soluciones. Pero ni se comprometen en acciones para evitarlos ni para solucionarlos. Es que vivimos en un mar de hipocresía, elevada a la quinta potencia.

Las normas se crean para que sean respetadas y se modifican o se dejan sin efecto cuando se comprueba que no pueden cumplirse. Los funcionarios y los demás ciudadanos estamos en la obligación de ejercer la autoridad con la fuerza moral que surge del cumplimiento del orden constitucional y legal. Lo demás es arbitrariedad.

rafaelciprian@hotmail.com