El resultado de las elecciones congresuales y municipales recién pasadas creó un nuevo mapa político en nuestro país. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se convirtió en la primera fuerza electoral de la nación. Obtuvo 31 de los 32 senadores y más de cien de los 178 diputados que conforman el Poder Legislativo. Esta mayoría, unida al control del Poder Ejecutivo y de una gran parte de los ayuntamientos, constituyen un poder inmenso en las manos del gobierno.

Para algunos analistas, el nuevo mapa político nacional representa el rompimiento del equilibrio democrático. Entienden que el PLD abusará del poder. Olvidan que la voluntad popular, que podrá ser manipulada, dirigida u orientada, se expresa en las urnas. No existe límite legal para las cuotas de poder que pueden obtener los contendientes. El resultado, sin importar la ventaja de uno sobre los otros, está dentro del ordenamiento jurídico. Esa es la regla del sistema representativo.

El PLD, con su posición privilegiada, tiene en este período un gran reto. A todo gran poder le corresponde una alta responsabilidad. En el ordenamiento constitucional y legal que nos rige, el PLD tiene derecho a tomar las decisiones más urgentes y trascendentales. Está facultado para hacer los cambios que son necesarios y poner a funcionar las instituciones que fueron creadas por la nueva Carta Magna.

Ciertamente, así es. Pero aunque nadie cuestiona el derecho constitucional a decidir que tienen el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, y el PLD como partido oficial, muchos opositores se asustan de los resultados que pueden producirse. Por eso afirman que el Presidente Fernández tiene demasiados poderes.

Son exagerados los vaticinios de supuesta catástrofe democrática, debido al poder acumulado por el gobierno. Las instituciones seguirán manejándose dentro de los parámetros de la deficiente democracia en que vivimos. Y la mejoría sólo vendrá con la adecuada designación de los hombres y mujeres que conformarán el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, entre otros. Lo que hagan o dejen de hacer estos servidores públicos al frente de sus respectivas instituciones, marcará la diferencia. Apostamos, sin ningún temor a perder, que el respeto a la Constitución, a los derechos fundamentales, a la institucionalidad y a la democracia saldrá fortalecido.

La oposición política, la denominada sociedad civil y las demás organizaciones de presión tienen derecho a exponer sus criterios, apoyos y objeciones frente a cada una de las personas que dirigirán esas instituciones. Es parte del ejercicio democrático. El gobierno deberá oírlos. Luego podrá decidir las cuestiones pendientes. Buscará la solución que más convenga al interés nacional. El derecho a producir los cambios no debe ni puede ser delegado.