La finalidad esencial de la Constitución, como Ley Suprema de la nación, es y debe ser la protección y garantía de los derechos fundamentales. Todos sus principios, normas y valores se corresponden con ese fin. Lástima que tradicionalmente se ha desvirtuado el objetivo del Pacto Fundamental.

En otros tiempos, producto del escaso desarrollo económico y social, la Carta Magna era considerada como una simple plataforma de un programa político. Sólo perseguía organizar el Estado. Así la veían los dirigentes de los partidos políticos y los miembros de los grupos de presión. Los factores reales de poder legitimaban sus privilegios con la aplicación antojadiza de la Ley de leyes. Por eso el doctor Joaquín Balaguer, plagiando a Ferdinand Lassalle, llegó a afirmar que la Constitución era un pedazo de papel. El autor de El Cristo de la Libertad la trató de acuerdo con el criterio planteado.

Pero todas las disposiciones orgánicas de la Constitución de hoy se subordinan a los derechos de las personas. Tanto es así que los ciudadanos no están para servir al Estado, sino que este debe servir a los ciudadanos. Como dijo Immanuel Kant, las personas no son cosas para ser manipuladas. En la relación de las personas con el Estado, aquéllas son los sujetos y este es el objeto. El servicio que las personas prestan en los organismos públicos siempre está orientado a mejorar la eficiencia y productividad oficial para que se manifieste en beneficio de la ciudadanía. Nada más ni nada menos.

El Estado, como afirmó el célebre filósofo alemán Friedrick Nietzsche, es el monstruo más frío de todos los monstruos fríos. Y no se equivocó. Hasta Thomas Hobbes identificó a esa creación político-jurídica como el Leviatán, una criatura marina de rasgos mitológicos. Su naturaleza lo lleva a ampliar constantemente el ámbito de poder que maneja. Logra ensanchar su hegemonía con el atropello de los derechos de los ciudadanos. Por eso hay que mantenerlo bajo control permanente. Sólo el Tribunal Constitucional (TC) puede controlarlo. Lo hace al imponer el respeto a la Constitución, al controlar los excesos del poder, al garantizar los derechos de las personas y al fortalecer la institucionalidad y el orden democrático.

Algunos creen todavía que el Estado moderno crea la Constitución. Pero es la Constitución la que lo crea a él. Para que exista ese terrible aparato, que conserva el monopolio de la violencia organizada de la sociedad, se requiere de la Constitución. Puede ser escrita o no. Si está plasmada en un texto es formal. Si no está escrita es consuetudinaria, real o social. Existe como un pacto social.

Los ciudadanos son dueños de su destino cuando toman conciencia y actúan en consecuencia. El respeto a la Constitución depende de los miembros de la sociedad. Ellos deben saber el poder que tienen y usarlo. El Estado y sus administradores están subordinados a la Constitución. ¡Ay, si la ciudadanía se entera de eso!