El expresidente y actual candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ingeniero Hipólito Mejía, calificó de pelafustanes a varios jueces de las altas cortes. Además, creó un revuelo en la opinión pública con la amenaza de que se encargaría, si gana las elecciones nacionales venideras, de destituir a esos magistrados.

Algunos sectores sociales se alarmaron ante esas declaraciones. Se preguntan si se estaría orquestando un plan para destruir el orden institucional vigente. Sobre todo porque la Constitución establece los períodos para los cuales fueron designados los jueces. Son inamovibles durante el tiempo en que deben cumplir con sus funciones. Y solo pueden cesar en el cargo por muerte, renuncia o destitución por la comisión de faltas graves, y con el respeto de las garantías sustantivas de rigor, en un proceso de juicio político.

Ciertamente, así es. Pero ante la contundencia de la amenaza del ingeniero Mejía, surge la inquietud sobre la forma o el método que usaría para materializar su advertencia.

Semejante inquietud no es descabellada. Existe un antecedente que la fundamenta. Recordemos que precisamente el hoy magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, fue objeto de una acción similar a la anunciada. Sucedió cuando quedó designado por el pasado gobierno del doctor Leonel Fernández, con carácter inamovible durante su período, como presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL). El señor Mejía, en su calidad de presidente de la República, resolvió destituir al doctor Germán de Indotel. El caso fue llevado a los tribunales y la decisión del presidente Mejía obtuvo ganancia de causa. Con el asunto se sentó jurisprudencia.

Hoy las condiciones son diferentes. No se puede comparar el caso de la presidencia de INDOTEL, que tenía un carácter legal-adjetivo, con el estatus jurídico-constitucional de que gozan los miembros del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Administrativo.

Por tanto, se atentaría con el orden constitucional si se pretendiera lograr por decreto la destitución de cualquiera de esos magistrados. Incluso, tendría que abocarse el país a una nueva reforma a la Carta Magna para deshacer lo que ha sido hecho. Nos parece cuesta arriba la realización de esa posibilidad. La composición actual del Congreso Nacional, entre otras muchas causas, lo imposibilitaría. Pero como el Derecho en nuestro país se dobla con tanta facilidad, tendremos que esperar y ver lo que vendrá.

Ahora bien, pelafustán es una persona insignificante o mediocre, sin posición social o económica. Los jueces de las altas cortes, por su investidura y sueldos, no son pelafustanes. Tienen una categoría social, política y jurídica privilegiada. Pero están obligados a legitimizarse ante la sociedad con el cumplimiento fiel de sus obligaciones.