Los sectores políticos predominantes en nuestra sociedad se aprestan a realizar, por fin, la esperada elección de los jueces que integrarán las instancias más elevadas que consagra la actual Constitución. Esa decisión compete exclusivamente a los sectores de poder político. Y no es malo que así sea. Cada uno de los magistrados designados representará, consciente o inconscientemente, la voluntad jurídica, las aspiraciones económicas, sociales e institucionales de grupos específicos y hasta los privilegios, muchos entendibles y otros irritantes, que están consagrados en la tradición del país.

Esas fuerzas políticas están agrupadas, en primer lugar, en el gobierno que encabeza el doctor Leonel Fernández y en el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Ellos tienen la sartén por el mango. Decidirán, en gran medida, la suerte del proceso de integración de los elevados tribunales. Poseen el control de la administración pública y una gran mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados, que incluye las presidencias de esas instancias. Las ganaron en la lucha democrática por el control del Estado. Son legítimas. Por suerte, el presidente Fernández ha mostrado una voluntad de diálogo y concertación.

En segundo lugar, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tendrá incidencia al momento de conformar los plenos de los elevados tribunales. Pero cuenta con una influencia muy limitada. Sólo alcanza para negociar y asegurar algunas posiciones minoritarias entre los altos jueces. Tiene un miembro en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Y, en tercer lugar, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) también tendrá capacidad para negociar. Sus aspiraciones deben ser comedidas. Logrará resultados pírricos. Sobre todo porque el único miembro del CNM que tiene el PRSC mantiene compromisos con el PLD y especialmente con el presidente Leonel Fernández. Está obligado políticamente a respetar ese acuerdo.

Las organizaciones de la sociedad civil se convertirán en grupos de presión. Buscarán incidir en el proceso para colocar a uno de sus favoritos. Es normal que procedan de esa manera. No pueden hacer más.

También los miembros de la Mesa de Decanos de las universidades jugarán su rol. Tuvieron la indelicadeza de autoproponerse como aspirantes a integrar el pleno de los grandes tribunales. Si lo hubieran hecho de manera personal, estaría correcto; pero como representantes de un organismo, es un error. No obstante, todos tienen derechos en su calidad de ciudadanos.

El tren constitucional y legal está listo para que integren el Tribunal Constitucional, la nueva Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. Falta la convocatoria que hará el presidente Fernández del CNM. De la buena escogencia de esos encumbrados magistrados, y de su actuación, dependerá la instauración del verdadero Estado Social y Democrático de Derecho que espera y merece nuestra nación. Piensen en eso.