La creación del Tribunal Constitucional (TC) tiene y debe tener una sola finalidad, un gran propósito, un inaplazable objetivo: proteger siempre los sagrados e irrenunciables derechos fundamentales. Si cumple con esa misión, su funcionamiento estará justificado. Si fracasa, entonces la frustración del pueblo dominicano no tendrá límites y cobrará muy caro la cobardía de los jueces que integren el TC. Sobre ellos caerá una sanción histórica tan pesada y terrible como la que sentiría una persona que sea aplastada por el Faro a Colón.

El pleno del TC no tendrá ningún pretexto para justificar la no protección efectiva del gran catálogo de derechos que contempla nuestra Carta Magna, proclamada el 26 de enero del año pasado. Afortunadamente, la Constitución consagró los derechos fundamentales y creó las garantías de los mismos. Todos sabemos que los derechos son quimeras si no cuentan con las garantías para hacerlos respetar.

Para muchos dominicanos de las grandes masas populares el TC todavía no representa nada. Escuchan su nombre y oyen hablar sobre sus funciones como Isabel viendo llover en Macondo, con el permiso del gran Gabo. Resulta normal que ignoren la trascendencia de este nuevo órgano constitucional. Sobre todo porque viven sumidos en la enajenación que genera la inmensa pirámide de injusticia en que vivimos. La sociedad emplea todos sus tentáculos y sus mecanismos de embrutecimiento colectivo para que el pueblo se mantenga en el desamparo y la miseria. Además, la agonía y la vulgaridad cotidianas en que sobreviven no dejan espacio para el pensamiento.

Nuestro país se ha caracterizado tradicionalmente por crear grandes expectativas con instituciones novedosas que luego se convierten en nichos burocráticos. Albergan, como la cueva de Alí Babá, las alimañas sociales más despreciables. Esa es y ha sido la experiencia acumulada. La memoria de los sectores populares no es muy buena, pero alcanza para recordar esas decepciones. Por eso no es raro que algunos tengan pocas esperanzas de renovación institucional. Hay que comprender esa posición. No se debe golpear a un niño y después continuar pegándole para que no llore. Tampoco se le puede pedir a un estafado que confíe en quién lo ha engañado más de una vez. Ni masoquista que sea la víctima o sádico, el victimario.

Ahora bien, el TC será una inmensa y trascendental excepción a la regla de la inoperancia de nuestras instituciones. Los jueces que lo integren honrarán su compromiso social, político y jurídico. No tengamos la menor duda de eso. Los jueces serán constitucionalistas comprometidos con los principios que imponen salvaguardar la dignidad y el decoro de las personas. Es un mandato de la Ley Suprema. Tendrán la suficiente entereza cívica, ética y moral para imponer el respeto a la Constitución, controlar los excesos del poder y fortalecer la vida democrática. Así tendrá que ser o no habrá progreso verdadero ni paz social en este país.