Recientemente publicamos el artículo Derecho y Legislación. Causó muchas discusiones en tertulias, universidades y pasillos judiciales. Precisamos algunos conceptos fundamentales del sistema jurídico. Se criticó la confusión que existe entre lo que es el Derecho y lo que es la Legislación. Afirmamos:

El Derecho es el conjunto de principios y normas, escritos y no escritos, que tiene por finalidad imponer la justicia, bajo un orden y una seguridad jurídica, para que la sociedad alcance la realización del bien común. El Bloque de Constitucionalidad lo expresa. Ese ideal es el que lleva a los conglomerados humanos a organizarse en Estado. Renuncian a una parte de su libertad individual para realizarse en lo social. Todos los teóricos, desde Platón y Aristóteles, pasando por Locke, Rousseau y Kant, hasta llegar a Marx y Chomsky, abordaron el tema.

La Legislación es el conjunto de leyes escritas. Muchas veces niega el fin del Derecho. Suele expresar los intereses de sectores dominantes sin conciencia nacional ni social. Debe interpretarse y aplicarse de acuerdo con el Derecho. Si no se puede, hay que anularla por sentencia o derogarla con otra ley.

Los que en verdad han estudiado Derecho, historia, economía, sociología, literatura y política no tienen problema para comprender esos dos párrafos. Los que sólo se conformaron con conocer Legislación, tendrán dificultad para ver lo que está claro. Ejercen rutinariamente como abogados o aplican dogmáticamente como jueces el sistema jurídico. Eso lo entendemos. Aunque nos duele mucho que sean tantos. Sobre todo porque la sociedad no recibirá gran cosa de ellos. Exhiben criterios y prácticas del siglo XIX. Son guardianes del pasado. Necesitan formación. Según Julius H. Von Kirchmann, trabajan como el comején, y viven sobre el maderamen podrido.

Ciertamente, así es. Por no haber actualizado sus criterios, esos profesionales del derecho siguen creyendo como los romanos antiguos que la ley, en su sentido adjetivo y estricto, es dura pero es la ley. En la práctica, la imponen por encima de cualquier otra norma o principio. Para ellos, el juez es boca y esclavo de la ley. Repiten al célebre barón de Montesquieu y toda la escuela decimonónica del Derecho. Hoy están más perdidos que el hijo de Lindbergh.

Por encima de la ley adjetiva están la Carta Magna y demás normas del Bloque de Constitucionalidad. El principio de la supremacía de la Constitución establece que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución reglamento o acto contrarios al Pacto Fundamental (Art. 6). La ley no tiene que aplicarse obligatoriamente. Si riñe con normas sustantivas, de la constitucionalidad, hay que inaplicarla, anularla o derogarla. El juez de hoy dice el Derecho. No es esclavo de la ley. No puede aplicar un Derecho retorcido. El bien común y la Constitución se imponen.