El orden democrático e institucional de una sociedad está íntimamente relacionado con el respeto que reciban los valores, normas y principios de la Constitución. En los nuevos tiempos, caracterizados por la globalización, la sociedad del conocimiento y la era de la información, la vida civilizada depende de la existencia del Estado de Derecho.

Por eso es que debemos satisfacer la necesidad que tenemos de la creación de una jurisdicción constitucional especializada e independiente. Sólo el Tribunal Constitucional o Sala Constitucional reforzada puede garantizar que el Pacto Fundamental sea aplicado como debe ser. Esto es, para controlar los abusos del poder, defender los derechos de las personas y fortalecer la institucionalidad democrática.

Los jueces ordinarios se ocupan de resolver los conflictos judiciales entre particulares. Aplican el derecho común y legislaciones especiales. Nunca pueden ascender a los niveles de los jueces constitucionalistas. Estos interpretan y aplican la Carta Magna; aquellos, las leyes adjetivas. Son dos mundos diferentes.

Además, la formación de los jueces ordinarios imposibilita que cumplan con el papelde jueces del Tribunal Constitucional. La visión y compromiso del constitucionalista abarca la sociedad. Es consciente de la trascendencia social del rol que debe desempeñar. No busca empleo para vivir, como el juez ordinario, en la Judicatura.

En virtud del artículo 46 de la Ley Suprema, que instituye el sistema difuso del control de la Constitución en nuestro país, todos los jueces del orden judicial son guardianes de la Constitución. Pero en la práctica no es así. Los atavismos que heredamos de la escuela decimonónica se imponen. Las ideas del Barón de Montesquieu presentan al juez como boca y esclavo de la ley. Y así no pueden ser jueces garantistas. No dirán el derecho en su más alta expresión.

Esa atrasada mentalidad jurídica predomina en nuestro medio. Es la que conviene a los sectores de poder que no respetan los derechos fundamentales. El pueblo viene aprendiendo la lección y quiere superarla. No es casual sino causal que en la Consulta Popular, realizada con miras a la reforma que discuten los asambleístas, el pueblo votara a favor de la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales. Es una necesidad del soberano. Hay que respetarla.

La triste realidad del hermano pueblo de Honduras es un ejemplo de cómo actúan los gorilas golpistas cuando los jueces no saben o no quieren jugar su papel garantista. Declarar inconstitucional una consulta popular no vinculante, es la ignorancia y aberración más patética de la función de administrar justicia. Abrieron las compuertas a los caballos del Apocalipsis hondureño. El pueblo puede crear principios constitucionales y modificarlos.

Comprendamos que la jurisdicción constitucional es un freno para los gorilas golpistas y para los negadores de los derechos ciudadanos.