La Carta Magna que nos rige desde el 26 de enero recién pasado, con sus luces y sombras, representa un paso gigantesco en la construcción de la democracia constitucional que necesitamos los dominicanos. Esa es una aspiración que se remonta al origen de nuestra República. Juan Pablo Duarte y los demás trinitarios soñaron con esa realización. Benigno Filomeno de Rojas tuvo claro ese propósito cuando dirigió los trabajos que debían producir el primer Pacto Fundamental. Fue malogrado desde su nacimiento. Hemos vivido bajo la frustración permanente de ese ideal.

Recordemos que el funesto artículo 210 de la Constitución de San Cristóbal fue el cuchillo que atravesó el corazón de la democracia que soñaron los patriotas. Otorgó al Presidente Pedro Santana todos los poderes, hasta de vida y muerte, y sin responsabilidad alguna, mientras durara la guerra contra Haití. Él lo impuso bajo amenaza militar contra los constituyentes. Y ejerció el autoritarismo a plenitud.

Nuestro primer intento de vida democrática fue una criatura natimuerta. Lo que vendría después sería un calvario. Sangre, sudor y lágrimas ha sido nuestro devenir histórico. Winston Churchill debió inspirarse en nosotros cuando pronunció para los ingleses esas tres terribles palabras durante la Segunda Guerra Mundial.

Ciertamente, nuestro pueblo ha sufrido mucho. Pero hemos demostrado que tenemos voluntad y vocación para revertir esa aciaga historia.

Sabemos que el pasado deja sus atavismos. Funcionan como el lodo que permanece después de una gran inundación. Hay que superarlo con mucho trabajo y perseverancia.

Esas rémoras del pasado no les permiten a muchos creer en que es posible mejorar. Por eso don Narciso, el progenitor de Francisco del Rosario Sánchez, uno de nuestro padres de la patria, dijo: Convéncete, mi hijo Francisco, éste será un país pero nación nunca. El patriota murió fusilado. Pero sus ideas no pueden ser asesinadas.

Ahora tenemos una Constitución que traza las líneas capitales para hacer realidad el Estado Social y Democrático de Derecho. En su artículo 8 dice: Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

Ese texto, unido al catálogo de derechos y garantías fundamentales, al Tribunal Constitucional y a los necesarios cambios en el Poder Judicial, dará como resultado la institucionalidad que esperamos. Sólo faltará la voluntad colectiva para liquidar los atavismos que frenan la justicia y el progreso, por una parte, y la voluntad política, por la otra, para dirigir el proceso. La democracia constitucional no es una utopía. Puede funcionar para bien de todos.