Constitución y corrupción
La sociedad dominicana está con el grito al cielo por causa de la corrupción. Razones sobradas tenemos para tamaña alarma. No es para menos. La corrupción es una hidra de mil cabezas. Sólo los irresponsables y pusilánimes se hacen de la vista gorda.
El doctor Leonel Fernández afirmó que la corrupción se llevaba entre sus garras treinta mil millones de pesos cada año. Lo dijo durante su primera campaña presidencial (1996). De ese tiempo a esta parte es mucha el agua que ha pasado por debajo de los puentes Duarte y Juan Bosch. Muchos tiburones habrán incursionado en las turbias aguas del Ozama. El Producto Interno Bruto y el presupuesto nacional se han incrementado considerablemente. Nadie debe sorprenderse si aparece otro candidato que se atreva a declarar que la corrupción sustrae más de cien mil millones anualmente a las arcas del Estado. ¿Sería exagerado? Quizás no. Quizás sí. Los mercadólogos y embaucadores dicen que mientras más increíble sea la declaración, más gente la creerá.
La corrupción es un mal de forma y de fondo. Sus efectos son devastadores. No deja piedra sobre piedra. Ni Atila, el rey de los hunos, se imaginó que podían superarlo cuando dijo: Donde pisa mi caballo, no nace la hierba.
Cada fortuna que el corrupto acumula se traduce en madres que mueren de parto, en niños que expiran por falta de un suero, en jóvenes sin horizontes, en adultos desesperados y en ancianos que dan pena. El corrupto es un criminal.
La corrupción afecta lo público y lo privado. Se es corrupto por acción y por omisión. Las autoridades denuncian la corrupción y se lavan las manos como Pilatos. Muchos corruptos son señores honorables en nuestro medio. Vivimos entre fariseos, hipócritas, perversos y simuladores. Se rasgan las vestiduras para engañar a incautos. Son camaleones. Saben nadar y guardar la ropa. Aquí, los que menos corren, vuelan. Y hasta fuman debajo del agua.
Nuestra Constitución es clara, precisa y contundente contra la corrupción. En su artículo 102, sobre la prevaricación, dice: Será sancionado con la pena que la ley determine, todo aquel que, para su provecho personal, substraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga provechos económicos. Serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Nadie podrá ser penalmente responsable por el hecho de otro ni en estos casos ni en cualquier otro.
¿Será cierto que nuestra Carta Magna es un pedazo de papel? ¿O es que se aplica sólo cuando conviene? ¡Cuánta falta hace el Tribunal Constitucional!
Por ahora debemos tener cuidado. Hay corruptos favoritos y víctimas seleccionadas. ¿Dónde empieza y dónde termina la corrupción?.

