Otra mascarada

La Asamblea Revisora de la Constitución, en la primera lectura, cometió un crimen ciudadano y patriótico: rechazó la aprobación de la Sala Constitucional o Tribunal de Garantías Constitucionales, conforme se contempla en el proyecto de reforma que presentó el Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, o como aprobó el pueblo en la Consulta Popular.

Ningún asambleísta ignora que el jefe del Estado está bajo presión constante para que desnaturalice su expresada voluntad de crear una nueva Constitución que emule la del 1963. Los asambleístas deben liberar al Presidente de su pesada carga y asumir, en ejercicio de su formal independencia, la responsabilidad que les corresponde frente a los cambios que convienen a la nación. El Primer Mandatario dio la señal correcta, para la creación del Estado Social y Democrático de Derecho. Pero los que deben materializarlo no están cumpliendo con su obligación. Sin Tribunal Constitucional no puede haber Estado Social y Democrático de Derecho. Si no corrigen el desaguisado en la segunda lectura, la historia recogerá su falta de visión democrática.

Conforme a los datos que se conocen hasta ahora, los ciudadanos no podrán accionar en inconstitucionalidad para proteger sus derechos. Con esto seremos un conglomerado humano, igual que chivos en un corral. No llegaremos a constituir una ciudadanía. Si no podemos ser guardianes de la Constitución, los derechos fundamentales, la institucionalidad y la democracia serán simples espejismos. Se profundizará aún más el desamparo de los dominicanos y los excesos del poder. Lo pagaremos muy caro.

Para rechazar la Sala Constitucional se alegó que se presentaban pocos casos de acciones directas en inconstitucionalidad. Precisamente esa debe ser una motivación para aprobar la jurisdicción constitucional especializada e independiente. Todos sabemos que en este país se violan diariamente los derechos de las personas, que la Carta Magna no se respeta y que los poderes públicos y privados suelen colocarse al margen del mandato de la Ley Sustantiva. Entonces, que los ciudadanos reclamen muy poco el respeto institucional de sus derechos expresa que no confían en las respuestas de las instancias establecidas. En Costa Rica se presentan más de diez mil asuntos constitucionales cada año, y todos son fallados en el mismo año. Ellos no son marcianos. La nación se construye con las acciones conscientes y responsables de sus miembros, y con las respuestas adecuadas de las instituciones.

El crimen ciudadano y patriótico que están cometiendo los asambleístas consiste en privar a las personas de ejercer sus derechos constitucionales. Sin garantías no hay derechos. Y la garantía de los derechos es la Sala o Tribunal Constitucional. Con esta Jurisdicción es que se protegen los derechos fundamentales. Si no se corrige el error cometido, sufriremos una lamentable vergüenza constitucional.