El presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), doctor Leonel Fernández, está sometido a un fuego cruzado. Su situación es producto del proceso de nombramiento de los jueces que integrarán las altas cortes. La Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior Electoral (TSE) jugarán un papel esencial para la vida institucional y para la defensa de los derechos fundamentales en nuestro país.

Pero esos tribunales también representarán porciones de poder jurídico-político. Son instancias que muchos desearían influenciar o, en el peor de los casos, controlar.

Las presiones que recibe el presidente Fernández en la actualidad son producidas por los principales partidos políticos, la denominada sociedad civil, los jueces, los grupos religiosos y económicos y los abogados en ejercicio. Cada sector desea que el CNM designe su abogado preferido como juez en una de esas encumbradas jurisdicciones. La lucha es terrible. Los intereses creados actúan sin miramientos.

Es evidente que el jefe del Estado sabrá romper el cerco que le han tendido esos sectores de la vida nacional. Tiene experiencia en el manejo de circunstancias difíciles de poder. Sorteará los peligros para garantizar la imparcialidad e independencia de la justicia dominicana. Sabe que de esos valores depende la posibilidad de progreso real, la paz pública y la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho.

El presidente Leonel Fernández salió airoso del proceso del 1997. En ese año se conformó el Pleno de la actual SCJ, con excepción de tres de sus miembros. Estos fueron designados en el 2001. En esta oportunidad se produjo una burla contra la mayoría de los togados en ejercicio y jueces de carrera que fuimos candidatos formales a miembro del Pleno de la SCJ. Ni siquiera se nos evaluó. Nos dejaron como perico en la estaca en el salón de las cariátides del Palacio Nacional. Allí nos recluyeron para esperar la llegada del turno de la supuesta evaluación. Y, con pleno descaro, después se nos informó que ya habían llenado las tres vacantes que existían. Se repartieron las posiciones sin guardar las formas.

Tenemos la confianza de que en el actual proceso de designación de nuestros elevados magistrados, el CNM será manejado con el debido respeto y la consideración a los que somos aspirantes formales. Brillaron por su ausencia en el 2001. Sabemos que ahora se valorarán los méritos, los currículos, la hoja de vida ciudadana de cada candidato. El perfil del juez que necesitamos en la SCJ, en el TC y en el TSE es conocido. Debe ser honesto, capaz, trabajador, responsable y comprometido con la defensa y fortalecimiento de la Constitución, la institucionalidad democrática y los derechos de todos. La sociedad dominicana ni espera ni merece menos. Los nuevos y altos jueces no pueden ser ajenos a esos valores. Así debe ser.