La Jurisdicción Inmobiliaria (JI), contrario a lo que algunos piensan, es la parte más sensible y trascendente del Poder Judicial. Esta afirmación escandalizará a muchos. Poco importa. No tienen una idea clara del papel principalísimo que juegan los tribunales de tierras y los demás órganos que componen la JI para el desarrollo, el progreso y la paz de nuestra nación. Y de estos factores depende en gran medida el fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica y el establecimiento real del Estado Social y Democrático de Derecho. Ningún miembro de la sociedad, por más humilde o encumbrado que sea, está libre de ser afectado positiva o negativamente por lo que pase en la JI.

Nuestro país tiene una dependencia crítica de los derechos inmobiliarios. Somos un país tercermundista, caracterizado por un atraso enorme en el desarrollo de las fuerzas productivas. Además, somos víctimas de una hegemonía política que impone una orientación de las políticas públicas que está divorciada de las auténticas necesidades nacionales. Nos mantenemos en la cola del gran proceso de globalización, de la sociedad del conocimiento y de la era de la información que vive el mundo. Esas características imponen una baja actividad tecnológica. No producimos chip para ordenadores, carecemos de una producción significativa de software y apenas ensamblamos computadoras.

Estamos conscientes de que los rubros esenciales de nuestra economía son turismo, agropecuaria, construcción, zona franca y remesas. De cómo ande cada una de esas áreas económicas dependerá la suerte de los dominicanos. Nadie que tenga un mínimo de formación puede negar esa verdad.

Ahora bien, no hay desarrollo turístico sin seguridad jurídica sobre la propiedad inmobiliaria. Lo primero que procuran los inversionistas internos o externos de este ramo de la economía es adquirir las tierras donde crearán sus instalaciones hoteleras y preparar las vías de comunicación. Hay que hacer transferencias de derechos, deslindes y subdivisiones. La JI es la que se encarga de esa tarea.

La agropecuaria y las construcciones necesitan del certificado de título para acceder a los financiamientos que permitan sus operaciones. Las zonas francas no funcionan en el aire. Y las remeses o envíos de dineros que hacen los dominicanos residentes en el exterior, después de cubrir la alimentación, se destinan a comprar un solar, una finca o una vivienda. Todo tiene que ver con la JI.

Razones históricas y culturales determinan que para el dominicano la vivienda y una tierrita para sembrarla o negociar con ella representan los bienes materiales más preciados. Están dispuestos a morir o a matar si es necesario para adquirirlos o conservarlos. Por una cuarta de tierra le parten la madre al más bonito.

Y la JI, como jurisdicción especializada, es la encargada de garantizar el constitucional derecho de la propiedad inmobiliaria. En la JI descansa nuestra estabilidad como nación.