Quintaesencia

Jurisprudencia y ciudadanos
Las decisiones de los jueces, sobre todo cuando sientan precedentes en la interpretación de las normas, conforman la Jurisprudencia. Y ésta representa la aplicación del sistema jurídico de una sociedad. El sistema jurídico no surge por generación espontánea, ni por los deseos bien intencionados de algunos. Es el producto de las condiciones económicas, sociales y políticas del país en un momento dado. Por tanto, ese sistema jurídico, como la religión y los valores filosóficos de la clase dominante, forma parte de las superestructuras ideológicas de la sociedad.

El sistema jurídico está permeado por las interpretaciones que imponen los valores ideológicos, los intereses y la razón de poder. Sólo los ignorantes e incautos creen que la aplicación del sistema jurídico persigue la justicia social o la justa y verdadera justicia. El ordenamiento legal protege intereses y responde a ellos. Nada más.

Ahora bien, la lucha que libramos los constitucionalistas para que se respeten los derechos fundamentales y se fortalezcan la institucionalidad y la democracia, persigue humanizar el sistema jurídico. Y lo hacemos en base a interpretaciones novedosas de la norma. Procuramos arrimar el sistema jurídico al ideal de justicia. Buscamos decir el Derecho, más que aplicar ciega y dogmáticamente la ley.

Ciertamente así es. Por eso resulta inevitable que cada cierto tiempo se produzcan escándalos por las decisiones judiciales. Sobre todo cuando se afectan grandes intereses, que pueden ser económicos, sociales o políticos. Y más en nuestra época, porque con la maduración de la democracia estamos judicializando la lucha política. Eso es bueno e impone que inauguremos con urgencia una jurisdicción constitucional especializada e independiente, con jueces que hayan probado su formación constitucional y su preocupación institucionalista y democrática.

La diversidad de criterios en la interpretación constitucional no es mala. Es buena, necesaria e inevitable. Solamente se necesita, en primer lugar, capacidad de concertación y decisión común que tienda a garantizar los derechos fundamentales, para que los ciudadanos se puedan defender del poder avasallante del Estado, el monstruo más frío de todos los monstruos fríos, como lo definió el gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Y, en segundo lugar, fortalecer la institucionalidad democrática.

Ninguna sociedad es estática. Todo cambia. Evoluciona o involuciona. Y la Jurisprudencia refleja, como un espejo no siempre muy limpio, las debilidades o fortalezas de esos cambios en el país. El pensamiento jurídico siempre es un pensamiento político, y responde a intereses políticos. Ningún juez es aséptico. Nadie está libre de la influencia política. Lo que es inmoral y antiético, además de ilegal, es que el partidarismo controle las decisiones judiciales. En este caso, la desinstitucionalización es segura y los ciudadanos, si no se rebelan contra esa situación, pierden su categoría y se convierten en borregos, pusilánimes y cobardes. Las personas dejan de creer en la justicia. La venganza privada resurge con bríos inusitados. Nadie está seguro en ninguna parte. El caos reina. La democracia muere por causa de una herida que le provoca la hemorragia fatal. Lo demás es ilusión de pequeños burgueses sin conciencia nacional, ni política, ni del sujeto social e individual.

 Desgraciadamente, la mayoría de los ciudadanos de a pie y muchos que están atrincherados en cargos de importancia en las instituciones públicas y privadas, no saben el papel que desempeña la formación política, la que trasciende el limitado ámbito del partidarismo, que debe tener cada persona.

La existencia de esa formación, la que despierta la conciencia nacional, política, social e individual, es la que convierte a la simple persona en un auténtico ciudadano, y a un conglomerado humano en una nación verdadera. Lo demás, que se plasmará en el sistema jurídico, será el producto de las concepciones que brotan de esa formación.

No es casualidad que nuestros mejores pensadores sean pesimistas. No hay lugar al optimismo social cuando se tiene el conocimiento de la realidad, y ésta refleja que no hay condiciones subjetivas ni objetivas para una institucionalidad sana, ni para la real vida democrática. La hipocresía y el cinismo se instituyen en regla social y de poder.

Así las cosas, la mala Jurisprudencia se convierte en un espejo roto que multiplica y distorsiona sus reflejos. Y el ciudadano se desorienta y no sabe a qué atenerse. Sólo una transformación institucional profunda puede salvar al ciudadano y a la democracia.

rafaelciprian@hotmail.com