En nuestra doble condición de ciudadano y de juez del Tribunal Superior de Tierras, Depto. Central, saludamos con pesar y entusiasmo la declaración del magistrado Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ). Afirmó que ha sido un fracaso el Programa de Modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria.

El pesar es porque no hay razones válidas para que la Jurisdicción Inmobiliaria (JI) brinde un servicio tan deficiente. Maneja más recursos que los que necesita. Su situación da vergüenza ajena. Y el entusiasmo se debe a que por fin se dice la verdad, aunque duela, y se comienza a buscar soluciones reales. No de relumbrón.

Con esa afirmación, el magistrado Germán Mejía da constancia de que conoce al dedillo la situación por la cual atraviesan los derechos inmobiliarios y la seguridad jurídica en la JI. Podemos esperar correctivos a esos problemas.

Ese Programa estuvo condenado desde el principio al fracaso. Se caracterizó por la falta de gerencia, el autoritarismo, las exclusiones y la prepotencia con que se manejó en cada una de sus instancias. Además, había más interés en el allante, en las ganas de aparentar espectacularidades, que en resolver auténticamente los problemas de la JI.

Con responsabilidad, denunciamos en varias ocasiones las irregularidades y malos manejos del Programa de Modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria. Inicialmente se conoció con las siglas PMJT. En los archivos reposan pruebas que remitimos al doctor Jorge A. Subero Isa, como presidente y más preocupado, y a los demás miembros del Pleno de la SCJ, por medio de los cuales fijamos nuestra posición frente a la incapacidad y el desorden con que se ejecutaba el Programa. Prueba de ello es el oficio de fecha 8 de julio de 2004. Vaticinamos su fracaso rotundo, y afirmamos: se requiere de una reingeniería profunda en la ejecución del PMJT. Esas posiciones nos ganaron la marginación y la persecución más feroz e injusta. Resistimos sus embestidas.

Ocho años después de nuestras denuncias por la vía institucional del Poder Judicial contra el mal manejo del referido Programa, el presidente de la SCJ y del CPJ nos da la razón. Esta verdad nos entristece, lejos de alegrarnos. Es el pueblo dominicano el que tendrá que pagar la inmensa deuda contraída para un Programa que fracasó de manera penosa.

Más de dos mil millones de pesos se usaron infructuosamente en las pretensiones de modernizar la hoy caótica JI. Se ejecutaron préstamos internacionales por un monto que sobrepasa los cincuenta (50) millones de dólares. Esto fue, desde cualquier punto de vista, un exceso injustificado. Demasiado dinero.

Hoy solo nos queda recoger los platos rotos por los deficientes gerentes del fracasado Programa, sufrir con entereza el caos que dejaron y apoyar a la SCJ en los esfuerzos para sanear y hacer eficiente la Jurisdicción Inmobiliaria. Así sea.