La sociedad dominicana está atravesando por un proceso de profundos cambios en su ordenamiento jurídico. Son reformas que buscan modernizar el país. Los profesionales del Derecho, hoy más que nunca, tienen que actualizarse. Estudiar con criticidad es su obligación.

Muchos jueces, fiscales y abogados interactúan en el sistema jurídico con criterios rutinarios. Se acomodan a la mal interpretada ley del mínimo esfuerzo. Las trasformaciones institucionales que se están produciendo imponen que se actualicen. Lamentablemente, sólo una minoría está dispuesta a esforzarse con disciplina y capacidad de estudio para ponerse a tono con los nuevos tiempos.

Con la promulgación y puesta en vigencia de la nueva Constitución, el 26 de enero de 2009, se dio el grito más alto y largo de la revolución jurídica que vivimos. Esta Carta Magna traza los lineamientos esenciales para que nuestro país avance a paso firme hacia el respeto de los derechos ciudadanos, de la institucionalidad y la democracia. Esto se puede comprobar con un vistazo al gran catálogo de derechos fundamentales que contiene, a las garantías de las prerrogativas que se consagran y a la creación del necesario Tribunal Constitucional.

Pero ese Pacto Fundamental demanda una adecuación del ordenamiento legal en su conjunto. No puede existir ninguna disposición legislativa que entre en contradicción con la Ley de leyes. Su artículo seis es claro y contundente. Declara nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto que sean contrarios a sus preceptos. Es el inviolable principio de la supremacía de la Constitución. En nuestro medio, ese principio no se domina plenamente. Por eso se producen tantas violaciones a la Ley Suprema. La formación jurídica adjetiva, que no sustantiva, de muchos usuarios y administradores del sistema genera esas malas prácticas.

Afortunadamente, el Presidente Leonel Fernández está consciente del proceso y de su rol como jefe del Estado. Nombró una comisión de buenos juristas para que propongan las modificaciones a las leyes que sean necesarias con la finalidad de adecuarlas a la Constitución. Esperamos sus recomendaciones.

Es urgente que los jueces, fiscales, abogados y demás ciudadanos comprendan que los reclamos de justicia, de reglas claras y de seguridad jurídica deben ser atendidos con prontitud, eficiencia y eficacia. La sociedad no puede avanzar sin satisfacer esas aspiraciones. El avance social, económico, jurídico e institucional se estancaría. Ningún capitalista invierte si no cuenta con un mínimo de garantías.

Napoleón Bonaparte es mejor recordado por el Código Civil que por sus guerras, puentes y demás construcciones. Solón, el ateniense, es inmortal por sus leyes. Los pueblos bien educados agradecen el fortalecimiento institucional y la historia lo resalta. La revolución jurídica que vivimos puede inmortalizar al Presidente Leonel Fernández. Impulsémosla para el bien de todos.