El pueblo, en su inmensa sabiduría, afirma que quien hizo la ley, hizo la trampa. Esa es una expresión que refleja la suspicacia popular. En el ámbito privado ese convencimiento puede ser soportado sin mayores consecuencias. Pero cuando se manifiesta en lo público, todos debemos preocuparnos. Ningún país puede avanzar hacia el progreso real si sus nacionales no confían en las instituciones.

Lamentablemente, el dominicano tiene una experiencia histórica que está marcada por la frustración permanente. Le sobra habilidad para conocer al cojo sentado y al ciego durmiendo. Y sabe que ni el cojo ni el mentiroso llegan lejos.

Nuestra gente aprendió a desconfiar. Las promesas incumplidas y las esperanzas rotas son sus maestras.

Todos sabemos que la justicia merece confianza, pero tiene que ganársela. No basta con discursos que vendan la idea de confiabilidad, eficiencia y eficacia. Es necesario que día a día se pruebe en la práctica lo que asegura la retórica.

La justicia es una ilusión vana si los sectores populares están privados del acceso a ella. La Constitución garantiza ese derecho fundamental en el numeral 1 de su artículo 69. Consagra El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita.

Y para evitar favoritismos, previamente la Ley Suprema estatuyó en su artículo 39 el derecho a la igualdad. Afirma: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal.

Sin embargo, la justicia no es accesible, ni oportuna, ni gratuita. Nada hay más inaccesible que la justicia para los pobres. Sólo pensar en recurrir a ella es precipitarse en un laberinto de espanto. No saben cómo hacerlo ni tienen recursos para pagar a un abogado. La sed de justicia y la impotencia se los come vivos.

Cuando los desarropados logran empujar la puerta de la justicia, se dan cuenta de que más adelante hay un abismo insondable para ellos. Sus expedientes duermen el sueño eterno. Suelen recibir la solución de sus casos cuando no tienen fuerzas para disfrutar de sus derechos. La justicia es inoportuna para el pueblo.

La gratuidad de la justicia es un mito. Su costo es tan alto que se convierte en injusticia. Es una forma sutil y grosera a la vez de negarla.

Sabemos que la sociedad no es homogénea. Está dividida en clases. Es la consecuencia de la apropiación y explotación de los medios de producción. También de las injustas relaciones sociales que se generan en ese mundo económico. Nada justifica que unos pocos privilegiados tengan el acceso a la justicia y las grandes mayorías no.

Necesitamos con urgencia el funcionamiento del Tribunal Constitucional para que la Ley de leyes sea respetada.