La sentencia 168/13, del 23 de septiembre recién pasado, dictada por nuestro Tribunal Constitucional (TC), sobre la nacionalidad dominicana, ha servido de estímulo para que muchas personas conozcan la importancia de la Constitución y del órgano jurisdiccional que tiene la última palabra en la interpretación de esta Ley Sustantiva. Este es un mérito incuestionable de la decisión.

En toda la historia de nuestra nación, no existe una sentencia que haya creado más debates y furia que la TC/0168/13. Las discusiones doctrinarias y académicas sobre las bondades y maldades, aciertos y errores de ese precedente constitucional vienen educando al pueblo dominicano. Las mentes más lúcidas del pensar jurídico, literario, sociológico y político, nacionales y extranjeras, están expresando libremente sus opiniones. Siempre son provechosas.

Si algo hay que lamentar, además del drama humano, como lo calificó el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, de los miles de afectados con la mencionada sentencia, es que la furia desatada está a punto de cobrar sangre. En manifestaciones públicas, algunos intolerantes calificaron como traidores a la patria y reclamaron la muerte de los que se oponen a la decisión del TC. Pero los que apoyan el fallo fueron estigmatizados como racistas, xenófobos, nazis y anti haitianos. Es una vergüenza de parte y parte. Solo los que no tienen argumentos para defender sus posiciones recurren a las acusaciones personales contra sus adversarios.

Pero nos acecha otro peligro más grande todavía: una posible crisis institucional que debilite los cimientos más sólidos de nuestro orden constitucional. Podría surgir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acoja el recurso que eleven los afectados por la sentencia que comentamos.

La competencia de la CIDH para juzgarnos está seriamente cuestionada por un sector de la vida nacional. La voz más alta en esta posición la tiene el doctor Vinicio Castillo Semán. Es uno de los abogados dominicanos mejor informado y con un liderazgo indiscutible entre los nacionalistas más fervorosos. Es también un importante dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), aliada al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Afirman que la Convención Americana de los Derechos Humanos, que crea la CIDH, no fue ratificada por el Congreso Nacional y que, por consiguiente, sus decisiones no son vinculantes para nuestro país.

Sabemos que ya la CIDH nos ha juzgado y condenado. Recordemos el caso emblemático de las niñas Yean y Bosico. Para mantener esta jurisprudencia, la CIDH tendría que volver a condenarnos, y descalificar la sentencia del TC. Y si lo hiciera, crearía una crisis institucional que pondría en dudas la autoridad del TC y la eficacia de la justicia constitucional que tenemos. Cosa muy seria. Y si la CIDH nos vuelve a condenar, ¿cuál precedente primaría en nuestro país, el del TC o el de la CIDH?

Rafael Ciprián
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