Oportunismo contra TC

El Tribunal Constitucional (TC) ha sido víctima de las acciones del oportunismo más bellaco que se puede ejercer contra una institución. Originalmente, esas actuaciones se manifestaron cuando se planteó la intención de su creación. Luego, las maquinaciones se intensificaron en los días en que se pensaba crearlo con la discusión en la Asamblea Revisora que resolvió la reforma constitucional, y que parió la Carta Magna vigente. Tuvieron un éxito efímero. Lograron eliminarlo y crear una Sala Constitucional, que funcionaría a lo interno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Pero como el cojo ni el mentiroso llegan lejos, con posterioridad se retomó el tema y finalmente se instituyó el TC, con la competencia y las atribuciones actuales.

La anterior SCJ encabezó la oposición más radical e irracional de aquellos momentos contra el TC. Actuaban como parte interesada, pero bajo el ropaje de un tercero imparcial que supuestamente velaba por una buena administración de justicia. Se dijo que la puesta en funcionamiento de esa alta corte representaba una carga insoportable para el presupuesto nacional, que generaría conflictos institucionales y los presentaban con la gastada metáfora de choques de trenes. Se dijo también que la SCJ sería desmembrada. Pero en realidad lo que buscaban era conservar y mantener un poder jurisdiccional que en la práctica les había quedado grande.

Ciertamente, así fue. La vieja SCJ ejercía el control concentrado de la constitucionalidad, con la competencia que tenía de conocer y decidir las acciones directas en inconstitucionalidad, conforme a la anterior Ley Sustantiva, aprobada en el 1994 y revisada en el 2002, sin consecuencias para esa atribución. Y con la creación del TC perdería, como perdió, la potestad de que sus jueces se declararan virtualmente vitalicios, como lo hicieron, por su propia sentencia. Los jueces juzgaron su propia causa y resultaron gananciosos en el juicio, con el pretexto de que era para bien de los justiciables. Fue un poder descomunal y mal usado el que tenía aquella SCJ.

Nadie que tuviera un mínimo de conocimiento de la función de un TC podía negar que sus decisiones produjeran controversias. Más si estaba al tanto de la experiencia acumulada en el derecho constitucional comparado, desde que Hans Kelsen lo ideó y se puso en práctica en la Austria de 1920 hasta nuestros días.

Ahora el oportunismo contra el TC vuelve a cobrar fuerza. Y se reeditan argumentos para justificar viejas posiciones contra el guardián supremo de la Constitución. Su debatida sentencia TC/0168/13 quieren presentarla como una prueba de que el TC nunca debió existir. Nada más incorrecto. Una sentencia no define un órgano jurisdiccional, y menos en el orden sustantivo. Se puede estar de acuerdo o no con las decisiones del TC, pero la necesidad de su existencia es indiscutible. Más cuando ha quedado comprobado que los pichones de dictadores acechan para actuar. ¡Cuidado con eso!

Rafael Ciprián
rafaelciprian@hotmail.com